En días recientes, el huracán Hilary golpeó con fuerza la costa del Pacífico mexicano, provocando fuertes lluvias y mareas que pusieron en riesgo la vida y patrimonio de miles de familias de diversos Estados de la República.
Lamentablemente, esta compleja situación se replicará durante las siguientes semanas, pues la temporada de huracanes en México se encuentra presente y latente, amenazando a las regiones costeras del país.
La temporada de huracanes es un recordatorio de la imprevisibilidad de la madre naturaleza y de la necesidad de estar preparados, pues durante esta época es fundamental que las autoridades lleven a cabo una serie de medidas de prevención y protección civil.
Sin embargo, en México la situación actual es preocupante, pues los costos de una mala administración pública federal se han sentido con gran impacto en diversas regiones a lo largo y ancho del territorio nacional.
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) representa uno de los mayores embates que la 4T ha asestado al Pueblo. Recordemos que este Fondo, creado en 1996, tuvo como objetivo principal brindar apoyo económico y logístico a las comunidades afectadas por desastres naturales, tales como huracanes, terremotos, inundaciones, incendios y otros eventos catastróficos.
Por décadas, en estas difíciles etapas se contaba con el FONDEN, el cual permitía hacer frente a las emergencias por desastres naturales que no se podían presupuestar por las autoridades municipales y así, fomentar una herramienta que con mayor facilidad dejara que las familias afectadas salieran adelante.
Es decir, hablamos del instrumento especializado de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuya finalidad versaba en ejecutar acciones en favor de los afectados, así como autorizar y aplicar casi inmediatamente los recursos públicos en aras de mitigar las consecuencias que derivaran de la presencia de un fenómeno natural.
No obstante, desde el año 2020 el gobierno federal decidió erradicar este fondo argumentando que era necesario redirigir los recursos hacia otros programas sociales y de infraestructura, lo cual, como otras apuestas inexpertas, ha dado errores garrafales y lamentables que incluso han costado vidas.
Por tales motivos, se requiere que el gobierno federal brinde todo el apoyo necesario a las y los damnificados, así como restablecer el Fonden de forma inmediata, de manera que las entidades afectadas puedan disponer de los recursos necesarios para prevenir, atender y proteger a sus habitantes ante situaciones de emergencia.
Otra vía sería el acto de considerar llevar a la legislación mexicana la obligación de las autoridades para que tengan que respetar y mantener el apoyo presupuestal ante los riesgos naturales, con el objeto de que la ayuda que requieren las y los mexicanos no se cancele por un criterio irracional, personalista o irresponsable, pues los vaivenes políticos e ideológicos del gobierno no deben poner en riesgo la vida y patrimonio de las personas.
