En días recientes, se ha dado a conocer el dictamen sobre la reforma judicial que el oficialismo prevé aprobar en los próximos días. Este dictamen, lejos de fortalecer nuestro sistema de justicia, representa un grave retroceso en la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Como se ha dado a conocer una de las propuestas más alarmantes de esta reforma es la elección de las personas juzgadoras por voto popular. Esta medida, que no tiene precedentes en ninguna democracia del mundo, amenaza con politizar un proceso que debe mantenerse independiente y alejado de las presiones políticas. El sistema judicial, por su propia naturaleza, debe ser imparcial, y cualquier intento de someterlo a los vaivenes de la opinión pública es una receta para injusticias.
En las democracias consolidadas, la selección de jueces y magistrados se realiza a través de procesos rigurosos que buscan garantizar la idoneidad, la preparación y la integridad de quienes ocuparán estos cargos. Introducir el voto popular en este proceso no solo pone en riesgo la calidad de las decisiones judiciales, sino que también abre la puerta a la influencia de intereses particulares, campañas electorales y, lo que es peor, la manipulación de la justicia para fines políticos.
Además, este dictamen genera una incertidumbre profunda para miles de trabajadores del sistema judicial. La reforma no solo pone en entredicho la estabilidad laboral de quienes han dedicado su vida a la impartición de justicia, sino que también afecta el funcionamiento mismo de los tribunales y el acceso a la justicia para millones de mexicanos.
Los trabajadores del Poder Judicial son un eslabón crucial en la cadena de impartición de justicia, y cualquier reforma que ignore su importancia está condenada al fracaso.
Esta propuesta es peligrosa porque atenta contra los principios básicos que sostienen el Estado Constitucional de Derecho en nuestro país. La independencia judicial es una garantía para la ciudadanía de que las leyes serán aplicadas de manera justa. Si permitimos que los jueces sean elegidos por voto popular, corremos el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por las mayorías políticas de turno, lo que puede resultar en la vulneración de los derechos y en la erosión de la confianza en nuestras instituciones.
En el Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con la defensa de la división de poderes en nuestro país y luchamos para que la justicia en México se fortalezca. Por ello, el PRI ha sido claro: no aceptaremos una reforma que busque destruir al Poder Judicial ni que juegue con la libertad y los derechos de las y los mexicanos.
En el PRI, creemos firmemente en la necesidad de reformas que mejoren la justicia, pero estas deben estar orientadas a fortalecer, no a debilitar, las instituciones que nos protegen a todos.
La división de poderes no es un capricho; es una garantía de que nadie, ni siquiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, puede gobernar sin límites. Es la esencia de nuestra Constitución y el mecanismo que permite que en México prevalezca el Estado Constitucional de Derecho.
Sin duda alguna, como legisladores del PRI, tenemos la responsabilidad de ser guardianes de este principio fundamental y de asegurar que cualquier reforma al sistema judicial no comprometa su independencia ni su capacidad para impartir justicia de manera efectiva.
Llamamos a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en general a unirse en esta causa. Defender la independencia del Poder Judicial es defender la democracia, la libertad y los derechos de las y los mexicanos.
