El 17 de octubre de 1953 se marcó un hito en la historia de México, el reconocimiento constitucional del derecho al voto para las mujeres. Desde ese momento, México abrió un nuevo capítulo en la lucha por la equidad de género, permitiendo que millones de mujeres pudieran participar activamente en la vida democrática del país. Sin embargo, ese logro no fue el final de la historia, sino el principio de una larga batalla por la equidad y la justicia en un contexto político y social dominado por hombres.
Desde entonces, ha habido importantes avances. La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 fue un parteaguas al establecer el principio de paridad de género en todos los órdenes de gobierno. Esta reforma no solo reconoció la necesidad de una representación equitativa en las candidaturas, sino que dio un paso más allá, buscando que las mujeres tengan un papel protagonista en la toma de decisiones públicas. Hoy, el escenario político refleja este compromiso con la paridad: la presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, hasta hace unos días y el Instituto Nacional Electoral son encabezados por mujeres.
Estas posiciones ocupadas por mujeres no son logros simbólicos; son conquistas de la lucha feminista, el resultado de un largo proceso de exigencia social para que el liderazgo femenino sea una realidad. Las mujeres en el poder han comenzado a transformar las políticas públicas, abriendo nuevas perspectivas sobre problemáticas que antes se desestimaban o se dejaban de lado. Se ha visibilizado la urgencia de atender temas como la violencia de género, la equidad salarial, y los derechos reproductivos. Sin embargo, estos avances no son suficientes para hablar de una igualdad plena.
El gran desafío persiste: las mujeres continúan enfrentando una preocupante violencia de género en México. La violencia feminicida, las agresiones en el ámbito político, y la discriminación sistemática en la vida diaria siguen siendo obstáculos graves que afectan la calidad de la democracia y la vida de las mujeres. La representación paritaria debe ir acompañada de un entorno seguro y respetuoso que garantice que las mujeres puedan ejercer su derecho a participar en la política sin miedo, coacción o violencia.
Además, aún hay tareas pendientes para que la voz de las mujeres sea efectivamente escuchada. La paridad en las instituciones no debe ser solo un número, sino una verdadera oportunidad de influir en la agenda política y social del país. Es fundamental que las políticas públicas integren una perspectiva de género que responda a las necesidades y demandas específicas de las mujeres. Esto implica legislar y ejecutar políticas para erradicar la violencia, fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y promover la corresponsabilidad en el cuidado familiar.
A 71 años del reconocimiento del derecho al voto femenino, es innegable que se han dado grandes pasos hacia la igualdad en México, pero también es evidente que la lucha no ha terminado. La conmemoración de este aniversario debe ser un recordatorio de que la democracia es un proceso en constante construcción y que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sigue siendo un objetivo que debemos alcanzar. Es momento de redoblar esfuerzos para que la participación de las mujeres en la vida pública sea plena, segura y transformadora. Porque cuando las mujeres avanzan, avanza todo el país.
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