Un año más se cumplió de la masacre de 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”. Las conclusiones sobre lo ocurrido en Iguala son básicamente las mismas: que Murillo Karam manifestó, con base en las pruebas y testimonios que obran en la “verdad histórica” (hechos y pruebas obtenidas por el Ministerio Público y consignadas en la averiguación previa, hoy se llama carpeta de investigación; mientras que la verdad legal es la que emite el juzgador en la sentencia).
Con base en las actuaciones hechas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero, cuyo titular era Iñaki Blanco, se puedo establecer que policías municipales de Iguala, Taxco, Huitzuco y Cocula privaron de la libertad a 43 estudiantes, para luego entregarlos a un grupo criminal.
Cabe mencionar que la Procuraduría rescató a 68 estudiantes que fueron puestos a resguardo. Se pudo establecer por testimonios y las pruebas de rodizonato y de Lunge que al menos 22 elementos de esas corporaciones policíacas habían participado en la agresión contra los estudiantes (19 de ellos fueron señalados por los propios estudiantes como sus agresores) y, después de las pruebas arriba mencionadas se pudo determinar que ellos habían accionado sus armas de cargo.
Posteriormente, dicha institución amplió su acusación contra 11 personas más. A esas 33 personas, se sumó la identificación de varios de dicha policía al servicio de un grupo criminal, al igual que la detención de 4 integrantes de esa organización criminal, quienes aportaron datos importantes sobre la mecánica o sucesión de los hechos.
Con fundamento en lo actuado por la Procuraduría local, la PGR atrajo la investigación y determinó que los policías municipales habían privado de la libertad a 43 estudiantes y los habían entregado a un grupo criminal que los privó de la vida y luego los incineró (las grabaciones que realizó la DEA dan cuenta de ello).
Aquí es necesario mencionar que todo lo actuado por parte de la Procuraduría Estatal nunca ha sido cuestionado ni tachado, por ninguna instancia nacional e internacional. Sin embargo, hoy casi todos los asesinos de los estudiantes gozan de libertad (porque el señor Omar Gómez Trejo, quien fue el titular de la unidad especializada para la investigación de estos hechos, y que jamás aportó, por dolo y/o negligencia y/o complicidad, al juez Ventura Ramos, nuevos “Protocolos de Estambul” que le fueron requeridos y que estaba obligado a ofrecer, en razón de su cargo) y son testigos protegidos. Por lo que ha incurrido en responsabilidad administrativa y penal.
Durante el sexenio de Peña, se envió a la universidad de Innsbruck osamenta para análisis del ADN. Esto dio como resultado que se pudo identificar, indubitablemente, a tres de esos estudiantes. Sin embargo, ¿por qué más de cien restos óseos no se han enviado, tal como lo recomendó, en su informe, la CNDH? Digo, si es verdad que hay un interés de saber el paradero de los 40 que faltan, pues lo mejor es agotar este extremo y esta instancia.
*Artículo escrito el 8 de octubre de 2023.
