En un Estado Constitucional de Derecho, el equilibrio entre los poderes públicos es un principio esencial para la protección de los derechos fundamentales y la garantía de la certidumbre jurídica y económica. En esta dinámica, la independencia judicial, en particular, es pilar de este equilibrio, ya que asegura que las decisiones judiciales se tomen sin influencia indebida de los otros poderes del Estado.
No obstante, la reforma constitucional que pretende avalar el partido oficialista amenaza con cooptar y centralizar el poder, poniendo en grave riesgo la independencia judicial y, con ello, el propio Estado Constitucional de Derecho.
Aunque esta idea podría parecer, en teoría, una forma de democratizar el Poder Judicial, en la práctica es totalmente inviable y peligrosa. La independencia judicial no puede garantizarse si los jueces están sujetos a las presiones y dinámicas de las campañas electorales y la política partidista. Las personas juzgadoras deben poder tomar decisiones basadas en la ley y la justicia, sin temor a represalias o influencias externas.
De hecho, la propuesta de elegir a jueces mediante voto popular abre la puerta a la cooptación del Poder Judicial. Esto debilita la separación de poderes y centraliza el control en manos del Ejecutivo y los partidos dominantes, erosionando la autonomía que es esencial para una judicatura imparcial.
Aunado a lo anterior, la certidumbre jurídica es un componente vital para la estabilidad económica. Los inversores nacionales e internacionales necesitan confiar en un sistema judicial que actúe con imparcialidad y predictibilidad. Si el Poder Judicial se percibe como politizado, la confianza en el sistema legal disminuye, lo que puede llevar a una reducción de las inversiones y, en consecuencia, afectar negativamente la economía del país.
Es decir, la independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad para cualquier democracia que aspire a ser funcional y justa. Un Poder Judicial independiente:
Y si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación es una institución perfectible, también lo es que el cambio que se realice debe ir encaminado a un real mejoramiento en la institución sin perder de vista sus pilares, en los que se escuche la voz de las y los servidores públicos que día a día laboran incansablemente en este Poder.
Además, el ejercicio de los foros debe ser un espacio que no sólo se abra a la pluralidad, sino que también la tome en cuenta, es decir, que no quede en letra muerta todo lo que se vierta y considere en este contexto y que abone a la construcción de un mejor Poder Judicial Federal.
Sin duda alguna, la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, bajo la reforma del partido oficialista, no solo es inviable, sino que también representa una grave amenaza para la independencia judicial y, por ende, para el equilibrio de poderes en México. Centralizar el poder y someter al Poder Judicial a las dinámicas políticas erosiona la protección de los derechos fundamentales y crea un entorno de incertidumbre jurídica y económica.
Es imperativo que defendamos la independencia judicial como un baluarte del Estado Constitucional de Derecho y una garantía de justicia y equidad para todos. La justicia debe permanecer imparcial, autónoma y libre de influencias políticas.
